Es claro que los planes de gobierno, tanto de Fuerza Popular como Perú Libre, han sido pobres en relación con propuestas sobre medio ambiente, cambio climático y diversidad biológica. En esa línea, el reciente debate de equipos técnicos, de ambos partidos, no hace sino confirmar la ausencia de propuestas.
Estamos a pocos días de las elecciones nacionales, lo que abre la oportunidad para reflexionar sobre las prioridades en la agenda ambiental del próximo gobierno. Al respecto, es importante que identifiquemos los retos urgentes e impostergables para la próxima administración de gobierno. Muchos de estos desafíos están vinculados a compromisos internacionales que ha asumido el Perú, y se relacionan con tendencias en economía y desarrollo sostenible que vienen emergiendo en el mundo.
El primer reto que deberá asumir el nuevo gobierno está vinculado con el control de la deforestación. De acuerdo a MAAP #136, el 2020 el Perú registró la pérdida de bosque primario más alta de su historia. Ello podría tener una explicación si consideramos los esfuerzos que ha tenido que canalizar el gobierno para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Una de las causas de deforestación es la tala ilegal. En este sentido, se requiere mejorar los niveles de control de la tala ilegal con tecnología, como el uso de sensores remotos, y establecer los mecanismos necesarios para asegurar la trazabilidad y controles adecuados. Otra de las causas de deforestación es la agricultura migratoria y el cambio de uso del suelo. Al respecto, uno de los temas que requiere impulso y que ayuda a la disminución de la deforestación es la implementación de los contratos de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales. Se trata de un tipo de acuerdo, previsto en el marco del sector forestal, que busca promover el manejo sostenible de dichas tierras con la meta de evitar la conversión de más bosques a tierras agrícolas.
El segundo reto a ser priorizado y enfrentado con urgencia es la lucha contra la minería ilegal y la finalización del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Se requiere definir si en el Perú queremos desarrollar minería aurífera aluvial, considerando que esta tiene características esencialmente distintas. Es decir, se presenta en “placeres” (llanuras o terrazas), donde el mineral se encuentra más cerca de la superficie y, por lo tanto, su desarrollo (por lo menos en la Amazonía) implica el desbosque y la pérdida de la capacidad orgánica de la tierra. Así, es obvio que no sólo se requiere un tratamiento especial para este tipo de actividad, sino que se necesita prohibir su desarrollo en ecosistemas frágiles. Otro tema a priorizar es la necesidad de extender y replicar la Operación Mercurio para erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos. Esta acción, que se inició en el 2019 en La Pampa (Madre de Dios), constituye un ejemplo exitoso en el que diferentes autoridades públicas articularon acciones para combatir la minería ilegal con la meta de tener una estrategia sistémica y permanente para enfrentar este delito.
El tercer reto está enfocado en cómo implementar medidas específicas de lucha contra la contaminación del aire, contaminación por residuos sólidos y contaminación lumínica. Estos problemas, que se desarrollan dentro de un espacio urbano, evidencian la necesidad de contar con ciudades que cuenten con un enfoque sostenible, resiliente e inclusivo, para que podamos contar con un entorno saludable y sostenible. En este marco, es fundamental contar con una visión de planificación urbana. Si consideramos que más de la mitad de la población mundial vive hoy en estas zonas, no es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos nuestros espacios urbanos. Debemos transformar la movilidad como la hemos entendido hasta ahora (y en eso, durante la pandemia hemos visto ejemplos que afirman que ese mundo es posible). El Ministerio del Ambiente, bajo un programa cofinanciado con el BID y la cooperación, cuenta con 15 rellenos sanitarios culminados o en proceso de finalización. Sin embargo, se requiere llegar a la meta de tener en funcionamiento 31.
El cuarto reto está enfocado en cómo seguir ejecutando proyectos de infraestructura e industrias extractivas en nuestro país, como parte de la reactivación y recuperación económica del Estado, sin que ello signifique una flexibilización o reducción de los estándares ambientales y sociales. Recordemos que en el 2020 se presentaron algunos proyectos de ley que están dirigidos a disminuirlos. En este marco, es fundamental que el próximo gobierno priorice la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del próximo Congreso de la República y, con ello, se pueda implementar efectivamente mecanismos de transparencia, participación y acceso a la justicia ambiental.
El quinto reto está enfocado en evaluar las oportunidades para la participación ciudadana intercultural durante la evaluación de proyectos y actividades, así como proveer información continua y apropiada en el contexto de la pandemia, para promover el aislamiento social obligatorio y, así, prevenir y frenar el contagio del coronavirus. Pese a la emergencia y crisis económica que genera la pandemia, el Perú tiene aún la obligación de explorar las rutas menos restrictivas a la participación pública, de modo que estas se adapten a las características particulares de los proyectos, de la población que participa y del entorno donde se ubica. Al igual que en el caso de la participación pública, el proceso de consulta no puede restringirse a la socialización de las medidas, sino que requiere realizar todos los esfuerzos necesarios para que se lleve a cabo un verdadero diálogo intercultural entre el Estado y las poblaciones indígenas. Asimismo, la reactivación económica postpandemia no debe significar ni la flexibilización del derecho a la consulta previa, libre e informada, ni la ausencia de procesos adecuados para promover la participación de los pueblos indígenas con mecanismos que aseguren su efectividad y que recojan la visión de las mujeres en estas comunidades.
El sexto reto destaca la urgencia de seguir fortaleciendo el marco institucional y legal para la protección de las personas defensoras del medio ambiente. En este marco, urge ratificar el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien en el Perú se han dado importantes avances en esta materia, al 31 de julio de 2020 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reportó 15 solicitudes de protección, de las cuales más del 50% de las solicitudes se vinculan con la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Adicionalmente, existen retos vinculados con compromisos internacionales que ha asumido el Perú, y se relacionan a tendencias en economía y desarrollo sostenible que vienen emergiendo en el mundo. Por un lado, tenemos los desafíos vinculados a la materia climática. Nuestro país presentó la actualización de sus contribuciones nacionales determinadas en diciembre de 2020, lo que implica que tenemos el compromiso de reducción del 40% respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas para el año 2030 para la meta condicionada, y un 30% de reducción en el año 2030 para la meta no condicionada. Lo cierto es que se requiere establecer la visión al 2050 con la finalidad ser un país con emisiones netas cero de carbono (sobre ello, recientemente el BID ha estimado que alcanzar la carbono neutralidad al 2050 generaría beneficios netos de US$140.000 millones al Perú) y resiliente al cambio climático. Así, es necesario contar con una estrategia de financiamiento que permita cumplir con los compromisos internacionales que hemos asumido como país. En esta nueva visión, se requiere un mayor compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de poder, realmente, avanzar en una política de descarbonización de la economía peruana que implica establecer políticas de precio al carbono que promueva inversiones y/o consumo bajo en carbono. Asimismo, considerando que el 2017 pudimos apreciar los efectos del fenómeno El Niño Costero, es fundamental el desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático con enfoque de gestión de riesgos de desastres e involucren la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles, las cuales permitan a las ciudades enfrentar el cambio climático.
Sobre los retos vinculados a la lucha contra la pérdida de naturaleza, debemos considerar que este año se celebrará la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica en octubre en Kunming China, donde se espera establecer nuevas metas para revertir procesos de pérdida de naturaleza al 2030 y recuperar los espacios naturales al 2050. En el Perú, donde nos encontramos expuestos a la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, el tráfico ilegal de fauna y procesos de degradación y deforestación, esto es fundamental. Se requiere priorizar las intervenciones e inversiones sostenibles en ecosistemas, así como las soluciones basadas en la naturaleza. Necesitamos un cambio de enfoque que evidencie la urgencia de complementar los proyectos tradicionales de infraestructura gris con importantes mejoras de la eficiencia en el uso del agua y soluciones basadas en la naturaleza. La conservación, mantenimiento y restauración de la infraestructura natural puede beneficiar costo-efectivamente a las poblaciones urbanas y rurales del Perú, mejorando la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, y reduciendo la exposición a riesgos de desastres hidrometeorológicos.
Finalmente, esperamos que cualquier de los dos partidos que llegue a gobernar considere al tema ambiental y de desarrollo sostenible como un eje importante del futuro del país y, por ende, de la agenda pública y política.
(Foto: Bosque Villa Rica, SPDA)
